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En un contexto donde cada detalle del proceso electoral es objeto de revisión pública, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, salió a responder inquietudes ante el Gobierno nacional y los entes de control en el marco del seguimiento al Plan Democracia.
Más que un simple informe técnico, la intervención buscó despejar dudas sobre aspectos sensibles de la jornada del 8 de marzo.
Formularios E-14 y transmisión de resultados preliminares
Uno de los puntos centrales fue el procesamiento de los formularios E-14. La decisión de expedir un formulario por cada organización política para Senado —16 en total, más uno para el voto en blanco— no es un asunto menor.
La medida apunta directamente a evitar las dificultades que se presentaron hace cuatro años en la transmisión de resultados preliminares.
Separar los formularios por partido busca blindar la etapa del preconteo, un momento clave que, aunque no constituye escrutinio oficial, sí marca la percepción inicial de los resultados.
Auditorías y congelamiento del código fuente
En paralelo, la Registraduría defendió el alcance del Programa General de Auditorías, que inició desde los primeros días de enero de 2026.
No se trata de una revisión puntual, sino de un esquema que incluye auditorías internacionales a través del IIDH / CAPEL, la exposición del Código Fuente ante partidos, órganos de control y misiones de observación y la convocatoria del 2 de marzo para congelar los códigos fuente mediante la expedición de un código hash.
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El mensaje es claro: los sistemas que operarán el 8 de marzo deberán mantenerse inalterados desde su validación hasta la divulgación de resultados.
Preconteo, bolígrafos y medidas de integridad
También hubo precisiones sobre la prueba técnica de los bolígrafos realizada el 23 de febrero y sobre el funcionamiento del preconteo, que se realiza a través de 28 centros de recepción telefónica y no reemplaza el escrutinio, el cual se basa en las actas E-14.
El Consejo Nacional Electoral, como autoridad encargada de consolidar la votación nacional del país, cuenta con el software correspondiente y puede ordenar auditorías cuando lo considere necesario.
A esto se suman acciones de integridad y transparencia como la publicación de los tres cuerpos del formulario E-14, la implementación por primera vez de la autenticación biométrica facial para validar la identidad de los electores, el acompañamiento de misiones de observación nacionales e internacionales y la activación de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales.
En definitiva, la intervención del registrador no solo fue un reporte técnico, sino una exposición pública de los mecanismos de control que acompañan la jornada electoral del 8 de marzo.
En un escenario donde la confianza institucional es determinante, la claridad en los procedimientos y la trazabilidad de los sistemas se convierten en elementos esenciales para la legitimidad del proceso democrático.
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